jueves, 16 de agosto de 2012

Congreso, legisladores y ejecutores


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Es inevitable que la pregunta sorprenda a los lectores, pero constitucionalmente sí es posible si se cumplen los requisitos señalados en el artículo 134º de la Constitución Política y si se dieran las necesarias condiciones requeridas por el país. Prescribe la norma constitucional en vigencia, que el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste  ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, pero al mismo tiempo obliga a la convocatoria para un nuevo Congreso. También la Constitución de 1979 contenía esta facultad en su artículo 227º, con la única diferencia que para la disolución se requería que el Congreso censurara o negara su confianza a tres Consejos de Ministros.
Se sostendrá que el Congreso se cuidará de no censurar a dos Gabinetes Ministeriales y ni siquiera a uno solo, talvez a uno que otro ministro, para no dar motivo a su disolución. Mas como para siete vicios hay siete virtudes, nada le podría costar al Presidente de la República provocar una y otra censura si es que se dieran las condiciones para ello. Por ejemplo, tratándose de llevar a cabo reformas constitucionales vitales contra las que la mayoría congresal estuviera en desacuerdo, será fácil al Poder Ejecutivo, a tiempo de proponer una reforma, hacer de ella cuestión de confianza. En este caso, la disyuntiva del Congreso será conceder la confianza o negarla. Si la concede se verá sometido y vencido, y si en cambio le niega la confianza solicitada, lo que equivale a la censura, el gabinete en pleno deberá renunciar.
Instalado el nuevo Consejo de Ministros, el Presidente de la República que requiere de la aprobación de sus reformas, repite la misma actitud anterior, y frente a ella el Congreso tiene que optar por una de los dos extremos: o se allana y le confiere confianza o de nuevo se la niega y por tanto censura al segundo Gabinete. En este caso se habrán dado las condiciones inexorables para la disolución constitucional del Congreso.
Evidentemente, la facultad de disolver el Parlamento ha sido considerada a fin de evitar que una mayoría opositora hiciera imposible llevar a cabo su programa al gobierno de turno mediante las reformas consideradas indispensables. La iniciativa en cuestión en la Carta de 1979 nació de la bancada del Partido Popular Cristiano que hacía mayoría con los grupos de la izquierda, según ellos para hacer viable la gobernabilidad, sin embargo, durante más de treinta años transcurridos, jamás ha sido puesta en práctica tal facultad presidencial, que sin duda se halla en todo su vigor. Claro está que cuando un gobierno cuenta con mayoría parlamentaria, la facultad de disolución del Congreso deja de tener importancia. En las circunstancias actuales, 2011, el gobierno carece de esa mayoría y sólo, le queda concertar voluntades. En estas condiciones ¿Será una Espada de Damocles la norma que faculta la disolución del Congreso?
Es dudoso que la actual representación congresal se resigne a ser disuelta y, en consecuencia, es más factible que acepte otorgar el voto de confianza al Presidente de la República cuando lo solicite a favor de alguna reforma antes que verse en situación tan complicada, a lo más podrá censurar a un Gabinete, pero no al segundo, y entonces el Gobierno podrá asegurar las reformas que requiera.
Está claro que la medida constitucional en referencia fue muy calculada en el régimen de la década de 1990, curiosamente hoy, la bancada congresal fujimorista en la oposición tendrá que hacer honor a dicho mandato constitucional, y en consecuencia, o se aviene a prestar su colaboración o se resigna a lo contrario. Ahora tiene que beber de su propia pócima.

Hèctor Vargas Haya
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21/12/09: El actual congreso merece ser disuelto (por sus 'méritos' propios)


Vocero Apra tras los últimos escándalos: "Este Congreso merece ser disuelto" 
El Comercio
José Vargas señaló que el presidente debería tener más facilidad para disolver el Parlamento y que norma que apaña viaje de congresistas debe ser revisada.
El Congreso tiene en la actualidad su peor récord histórico de aprobación, con 7.7%, y los escándalos se dan uno tras otro. En ese contexto, el vocero de la bancada del Apra, José Vargas, señaló que este Parlamento merece ser disuelto.
“Sí, yo creo que sí. Este Congreso es incapaz de discutir reformas constitucionales”, señaló Vargas a el comercio.pe cuando se le hizo la consulta.
“Es un Congreso que no ha sacado y no se ha preocupado por sacar proyectos de reformas constitucionales fundamentales para mejorar el sistema y para mejorar su representación”, declaró Vargas.
El legislador brindó su versión cuando se le consultó sobre un acuerdo de la Mesa Directiva del Parlamento, que data de 1995, según el cual los congresistas pueden solicitar licencia con goce de haber por 15 días y realizar viajes de placer por el mundo sin sufrir descuentos.
En ese sentido, Vargas mencionó que la norma debe ser revisada, en un retroceso a una declaración anterior al diario Correo en la cual sostuvo que el tema era intrascendente.

MÁS REFORMAS
Sin embargo, refirió que para mejorar la imagen del Poder Legislativo, no basta con cambiar el acuerdo de la Mesa Directiva de 1995, si no en establecer reformas constitucionales como la disolución del Congreso, la renovación por mitad de los parlamentarios y el voto voluntario. 
“En los sistemas parlamentarios, que funcionan en la gran mayoría de países de Europa, el Congreso se disuelve con mucho más facilidad, cuando ya se convierte en un estorbo para la estabilidad política”, manifestó.
Al respecto, indicó que en un sistema presidencialista como el nuestro “no se puede disolver el Congreso con facilidad”, salvo cuando el Parlamento ha negado o censurado su confianza a dos Consejos de Ministros, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución.

MECANISMO CONSTITUCIONAL
Por ello, aseveró que sería importante discutir una reforma que permita al presidente de la República disolver al Congreso con una mayor facilidad. “Tenemos que discutir un mecanismo constitucional para la disolución del Parlamento, que se podría dar cuando se convierte en un mecanismo de inestabilidad del sistema político”, manifestó. Al ser consultado sobre qué responsabilidad le correspondería al Apra por la actual situación del Congreso, Vargas señaló que su bancada no ha podido llevar a cabo sus propuestas por ser una minoría parlamentaria.

Augusto B. Leguìa, Gral. Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori F.


El primero disolviò el Congreso y aprueba nueva Constituciòn; el segundo derroca a Fernando Belaùnde y cierra el congreso y Fujimori, igualmente, en 1992, disuelve temporalmente el congreso, que era una piedra en el zapato para la gobernabilidad, apoyado por las fuerzas armadas. Circunstancias que a muchos no gusta, bajo el amparo de la "democracia" monopòlica y oligàrquica, pero que en los dìas actuales sectores menos favorecidos aùn apoyan estas decisiones gozando de gran simpatìa Keiko Fujimori y Kenji Fujimori. Kenji Fujimori en las ùltimas elecciones,ocupa el primer lugar por haber obtenido 329,561 votos, seguido por Humberto Lay Sun con 185,069 votos, hoy ambos miembros del Congreso.


Augusto Bernardino Leguía Salcedo 

Derrocó a Pardo, disolvió el Congreso y asumió el poder provisional del país, todo ello con el apoyo de los militares (esos militares ¡¡cómo nos defienden!!). Convocó a una asamblea constituyente. Juró como Presidente Constitucional el 12 de Octubre de 1919 (tres meses después la Constituyente promulgó la Constitución de 1920). No hace falta recordar lo desastroso que fue el gobierno de Leguía en cuanto a los derechos de los ciudadanos, libertades y demás. Fue reelecto como presidente, aunque fue el único candidato. Y en el 29 era otra vez reelegido. Cerrar y disolver el congreso genera polèmica contra el causante. Tener en consideraciòn que Leguìa tenìa gran capacidad de gerencia, lo cual resaltan autores norteamericanos cuando le entrevista TIME. Recordar los comentarios de nuestros mayores que mencionaban frecuentemente de lo bien que se vivìa en los tiempos que gobernaba Leguìa.


Caìda de Leguìa Esa misma madrugada Leguía abandonó para siempre la Casa de Gobierno. Salió por una puerta lateral de Palacio camino al Callao para embarcarse a bordo del crucero "Almirante Grau" rumbo a Panamá. Pocos fueron los que estuvieron a su lado en aquellos momentos de derrota. Casi todos sus antiguos "amigos", aquellos que se enriquecieron con la Patria Nueva y proclamaron “El Siglo de Leguía”, se escondieron o, peor aún, se pasaron a la oposición. Uno de los que permaneció a su lado fue su edecán, el oficial de Marina Teodosio Cabada.

Pero la Junta de Ponce no tenía popularidad. El 25 Sánchez Cerro llegó a Lima por avión y fue recibido apoteósicamente. Era el hombre de la revolución, el típico militar macho que había derrocado al "tirano". Su juventud, su origen plebeyo y su rostro moreno acentuaban su hazaña. La Junta de Ponce no tenía ningún apoyo, ni siquiera al interior del Ejército. La llegada de Sánchez Cerro precipitó su caída. Dos días más tarde, el 27, otra Junta Militar se formó. Su Presidente fue Sánchez Cerro.

Por orden expresa de Sánchez Cerro, Leguía fue desembarcado del "Grau". Estaba muy enfermo. Tenía inflamación a la próstata, retención de orina y fiebre muy alta. Mientras tanto, la excitación pública continuaba con gran intensidad. La furia contra Leguía era incontenible así como el apoyo a los rebeldes de Arequipa. La casa del ex-presidente fue criminalmente saqueada y sus enseres destruidos o quemados. Un estudiante y varios trabajadores resultaron muertos en el enfrentamiento con la policía. Otros connotados allegados al leguiísmo también vieron saqueadas sus residencias.

A pesar de su quebrantada salud, Leguía fue confinado en la isla de San Lorenzo. Su destino había quedado sellado: no recuperaría jamás su libertad. Por esos días Sánchez Cerro declaró: Leguía permanecerá en prisión tanto como dure mi gobierno, y si fuera necesario habría una segunda revolución para que regrese a la prisión que él merece. Pasaron dos semanas cuando otra orden emanada de Palacio dispuso su internamiento en la Penitenciería Central de Lima (más conocida como el Panóptico), en compañía de su hijo Juan.

Sobre la celda que ocupó Leguía se tejieron muchas leyendas. Dicen algunos que era sucia, húmeda, pestilente, sin servicios higiénicos y que su única ventana había sido tapiada. Dicen también que el anciano y enfermo Leguía no podía conciliar el sueño por la noche a causa de los gritos e insultos de sus centinelas; o que no recibió atención médica a pesar de sus padecimientos y que, cuando la tuvo, fue ante la presencia de sus carceleros. Otros dicen que nada de esto es verdad. Lo cierto es que Leguía sufrió como muchos otros presos, pero mayormente por su edad y la enfermedad que padecía. En este sentido es censurable la actitud de Sánchez Cerro que rayó con el resentimiento. 

Así moría poco a poco el fundador de la Patria Nueva. El único personaje en el Perú que recibió más elogios que San Martín, Bolívar y Castilla juntos. El otrora "Júpiter Presidente" y "Gigante del Pacífico" era tratado como el peor de los reos. Fue en esa oscura celda donde redactó sus supuestas memorias tituladas Yo tirano, yo ladrón. Como anota Basadre, el país debió tener un poco de piedad con Leguía. Al fin y al cabo lo había dejado gobernar durante quince años, primero cuatro y luego once. ¿De quién era la culpa? Muchos habían hecho de él un exponente de sus propios errores. Leguía no era mejor que muchos, sólo había estado en el sitio más visible.

Los últimos y dramáticos meses de la vida de Leguía son narrados por Basadre de la siguiente manera: el 16 de noviembre de 1931 llegó a ser trasladado a la Clínica Naval de Bellavista para que se le hiciera una operación quirúrgica. El 18 de noviembre una bomba de dinamita fue arrojada villanamente al interior de este hospital y cayó a pocos metros del cuarto ocupado por el enfermo, después de que había sido anunciada su mejoría. Murió, sin embargo, en el hospital naval el 6 de febrero de 1932 a los 69 años. Sólo pesaba entonces 67 libras. Se ha dicho que llegó a hacer a su confesor el encargo de expresar que no guardaba rencor a nadie, que perdonaba a quienes procuraron hacerle mal, que deseaba la felicidad y la prosperidad del Perú al que había amado mucho y que su último pensamiento era para sus hijas y sus hijos.

Leguía subió al poder rico y parece que murió pobre. Entre sus bienes sólo tenía algunas pólizas de seguros, medallas y varios objetos que le habían sido obsequiados por gobiernos extranjeros. Si muchos se enriquecieron durante su gobierno, él no lo hizo. De todos los presidentes que ha tenido el Perú es el único que murió encarcelado y en las condiciones más patéticas.


http://blog.pucp.edu.pe/item/25181/los-anos-20-caida-prision-y-muerte-de-leguia

El Sol, 30 de setiembre de 1998
Por: Alfonso Baella Tuesta*

Las Revoluciones de Octubre

Hace treinta años, el 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado, presidente del Comando Conjunto, dio un golpe de estado, tomo prisionero al presidente Belaúnde y lo deporto también a Buenos Aires. ¿ Que habría ocurrido? Es largo de contar.

El problema comenzó también comenzó en el parlamento. El APRA había madurado; y Acción Popular con aires de renovación y optimismo. Naturalmente que los problemas económicos y sociales no podían resolverse de un día para otro. Fidel Castro había triunfado y trataba de exportar la revolución. Nos toco el infortunio de las guerrillas, que fueron derrotadas.
Pero el congreso continuaba una histórica y celebre polémica sobre la reivindicación de los yacimientos de la Brea y Pariñas, que explotaba la International Petroleum, la celebre IPC. El caso había sido actualizado en el gobierno precedente, durante el premierato de don Pedro Beltrán, director de La Prensa. Pero la solución final no se veía llegar. Se acercaban las elecciones generales de 1969, en las cuales, según todas las encuestas, Haya de la Torre seria el ganador.
Faltando un año para concluir su mandato, el presidente Belaúnde aligero el paso, para arribar a una solución IPC. Una noche, en Palacio, se logró el acuerdo y el gobierno pudo anunciar el fin del problema. El presidente Belaúnde, en compañía de los presidentes del senado y de la Cámara de Diputados, viajó a Talara. La reivindicación se había consumado. La TV había hecho su gloriosa aparición en el mercado peruano.
Pero de pronto, con la violencia de un terremoto, se denuncio en el congreso, y se repitió a través de la TV y de la prensa una noticia escalofriante. Se había "perdido" la pagina Once del contrato del Perú con la IPC. Y ¿qué había en esta página? Unos cálculos sobre el precio de barril de petróleo. Las Fuerzas Armadas tomaron la bandera nacionalista contra el imperialismo. El 3 de octubre se consumó el golpe, unos días después, el Ejercito ocupo Talara. El Día de la Dignidad Nacional fue instaurado.
Pero ¿qué pasó con la página Once? ¿se cobró a la IPC los 600 millones de dólares que adeudaba al Perú? Lamentablemente no. El gobierno revolucionario debió pagar a Estados Unidos una cifra bastante elevada, en un solo cheque, como indemnización encubierta por los bienes americanos incautados en el Perú. No se mencionaba en nombre de la IPC, pero fue la Standar Oil que cobro; y sé cerro esta pagina.
Luego de 12 años, el pueblo peruano eligió como Presidente de la República al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. La Fuerza Armada que interrumpiera su gestión en 1968, fue la misma que le devolvió la banda presidencial en julio de 1980. EL general Francisco Morales Bermúdez jugo un papel decisivo para este tránsito pacifico y ordenado, de un régimen autoritario a otro democrático. El pueblo, con su voto, reparó el vejamen que sufrieron Belaúnde y el país.
Como primer acto de su gobierno, Belaúnde devolvió a sus propietarios los diarios, los canales de la TV y de la radioemisoras, de las cuales se había apoderado el gobierno desde 1974.

En 1968, el General EP Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado- Alegando la pérdida de la página once del contrato con la IPC- destituyendo al Presidente de la República Fernando Belaúnde Terry y disolvió el Congreso de la República, el mismo que no volvió a abrir sus puertas sino hasta 1978. Es en ese año en que el Presidente Francisco Morales Bermúdez, General EP, se ve forzado por las circunstancias sociales y políticas del momento, a establecer un mecanismo para que el Perú retorne a un régimen de gobierno elegido, y a una democracia formal.

MENSAJE A LA NACIÓN DEL PRESIDENTE DEL PERÚ, 
INGENIERO ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, 
EL 5 DE ABRIL DE 1992 

A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la 
evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del 
pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, 
expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear 
las medidas económicas que conduzcan el saneamiento de la situación de 
bancarrota que, precisamente, ellas dejaron. 
Igualmente, hay grupos a quienes interesa que fracase la Estrategia de 
Pacificación porque no se atreven a tomar posición clara frente al terrorismo. 
Los encarnizados adversarios políticos de ayer se unen hoy en el propósito de 
impedir el éxito de la gestión de gobierno, sin importarles el futuro del país. 
Detrás de esta innoble alianza se encuentra el interés común por recuperar el 
espacio político perdido.  

Como Presidente de la República, he  constatado directamente todas estas 
anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de 
excepción para procurar aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional, 
por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. 
1. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de 
una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará 
mediante un plebiscito nacional. 
2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público 
para una honesta y eficiente administración de justicia. 
3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr 
una fiscalización adecuada y oportuna de  la administración pública, que 
conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los 
recursos del Estado.    
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EL FUJIMORISMO VIVE, veinte años después del autogolpe del 5 de abril de 1992. Y
no solo vive, sino que estuvo cerca de ganar la elección presidencial pasada y tiene hoy
una bancada de 37 congresistas, la segunda fuerza política en el parlamento. ¿Por qué?
“La identidad del país está signada por el fujimorismo. La economía está marcada por
las reformas que impuso, la política sigue el patrón personalista que implantó y, por
último, para que funcione el sistema político se requiere del aval de Fujimori: nombrar
al Defensor del Pueblo o a los miembros del Tribunal Constitucional depende, en buena
medida, de las negociaciones políticas que se lleven a cabo con su representación
política”, analiza el antropólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Julio
Cotler, a propósito de este funesto aniversario para la democracia en el país.

Consultado sobre si el autogolpe se hubiera producido en cualquier sistema político con
este tipo de presiones (recordemos que Fujimori venció a Vargas Llosa en la segunda
vuelta de 1990), Cotler responde: "El sistema político se encontraba tan desprestigiado
y la economía tan quebrada que muchos aprobaban el autogolpe alegando que una
situación excepcionalmente grave justificaba medidas igualmente excepcionales.
Mismo Schmitt. ¿Qué hubiera pasado si Vargas Llosa hubiera presidido el Gobierno?
Lo más probable es que, ante su negativa a seguir los planes militares, estos hubieran
dado el golpe con el apoyo de amplios sectores sociales".

Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori cerró el Congreso, intervino el Poder
Judicial, detuvo a políticos de oposición, secuestró a periodistas y tomó algunos medios
de comunicación críticos al régimen. Los argumentos de Fujimori para disolver el
Congreso solo eran un pretexto para que no prospere una investigación sobre el grupo
paramilitar Colina y denuncias de corrupción hechas por la entonces primera dama
Susana Higuchi, que involucraba a la familia del presidente Fujimori.


El Congreso le dio a Fujimori facultades para legislar sobre los dos grandes problemas
por el que atravesaba el país en ese momento: el terrorismo y la hiperinflación
heredada del primer gobierno de Alan García. El golpe, que siguió los lineamientos del
llamado “Plan Verde”, abortado proyecto militar elaborado en 1989 para derrocar a
Alan García, fue justificado echándole la culpa al Parlamento y a la “partidocracia”.

Lo cierto fue que el gobierno se aisló de un Congreso sin mayoría y disperso y no tuvo
ningún interés de concertar una mayoría para gobernar. 84% de la población apoyó la
disolución del Congreso. Aún hoy, luego de constatar la corrupción más amplia que
haya existido en el país gracias a los “vladivideos” y las condenas a Fujimori y
Vladimiro Montesinos, un 37% cree que la medida fue necesaria. Este porcentaje
correspondería al núcleo duro que el fujimorismo conserva como capital político.


El 7 de abril de 2009 Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa
humanidad y corrupción. De cumplirse el total de la pena, Fujimori saldría en libertad,
si es que no recibe algún indulto antes, el 2032, cuando tenga 93 años. Preso y enfermo
su líder, el fujimorismo sobrevive. Las condiciones políticas que le dieron origen
continúan: la crisis de los partidos es el mejor caldo de cultivo para fenómenos como el
fujimorismo. El politólogo Carlos Meléndez señala que “el fujimorismo se diluirá solo si
no logran reproducir la militancia en las generaciones más jóvenes: Keiko Fujimori ha
demostrado que la dinastía puede todavía ser relevante políticamente”.




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